La criminalización de la protesta social aumenta en Argentina



En lo que va del año, el Estado argentino recibió dos resoluciones en su contra por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), vinculadas a la persecución de las luchas populares.

En Argentina, las palabras “criminalización de la protesta” se usan cada vez con mayor frecuencia y en un abanico de opciones cada vez más amplio, incluyendo la persecución de activistas feministas.

“Desde que asumió el gobierno de Cambiemos (que erigió a Macri Gato como presidente) se ha disparado la persecución, la caza de brujas y la criminalización de la protesta social, fundamentalmente en conflictos vinculados con la defensa al derecho al trabajo y contra los despidos, con los conflictos por el derecho a la tierra y la vivienda y, por supuesto, con las movilizaciones que transversalizan estas temáticas que son las movilizaciones del movimiento de mujeres”, manifestó la periodista Florencia Minici, que es una de las activistas feministas que fueron detenidas en marzo y que aún corren riesgo de ser condenadas penalmente por realizar pintadas en el espacio público con el objetivo de convocar al histórico Paro Internacional de Mujeres.

Esta tendencia persecutoria se ha manifestado en el seguimiento judicial de activistas sociales, en los allanamientos a organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos, en la represión contra las movilizaciones por los derechos de las mujeres y de trabajadores/as y en la desaparición de Santiago Maldonado durante una protesta por el derecho a las tierras de los pueblos originarios.

Allanamientos sin precedentes

Una de las mayores demostraciones de represión se dio en la ciudad de Córdoba, cuando el fiscal provincial Gustavo Dalma ordenó allanar 15 lugares con el uso de la fuerza policial, entre los que se contaban partidos políticos opositores del gobierno nacional y provincial y organizaciones culturales, sociales y barriales.

¿La razón oficial de esta enorme demostración de poder? Encontrar a quienes habrían roto una vidriera de un local comercial y realizado pintadas y pegatinas durante la 3º Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil. Esta manifestación se hace para repudiar la violencia institucional en los barrios y, en especial, el accionar policial arbitrario por el cual se persigue y se asesina a jóvenes de sectores populares.

La fecha de los allanamientos parece no ser casualidad: sucedieron un día antes de los actos de protesta que se hicieron en todo el país al cumplirse un mes de la desaparición de Santiago Maldonado. El joven fue visto por última vez el 1º de agosto de 2017, durante un operativo de Gendarmería Nacional ante una protesta por los territorios de la comunidad mapuche Pu Lof en la localidad de Cushamen, provincia de Chubut.

Durante la movilización por Santiago Maldonado en Buenos Aires se volvieron a vivir actos de represión, perpetuados por los agentes de seguridad.

Los repudios manifestados por diversos organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y partidos políticos opositores no son suficientes para frenar estos actos persecutorios. Tampoco las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que este año ya emitió dos resoluciones contra el Estado Argentino por la detención de Milagro Sala y por la desaparición de Santiago Maldonado.



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