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El exministro de Educación y candidato a senador nacional de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, equiparó el aborto con el femicidio.
Con una frase poco feliz y nada inteligente, Esteban Bullrich no dudó en señalar una supuesta contradicción –y evidente desprecio- entre la consigna Ni Una Menos, ícono de la lucha contra la violencia de género, y el apoyo al aborto.
“Ni una menos también es que si hay una beba adentro... Ni una menos. Porque también la están matando”, expresó Bullrich el 31 de julio pasado.
A pesar de que las críticas contra él fueron contundentes, no le impidieron cosechar un “empate técnico” en las elecciones primarias con la expresidenta Cristina Fernández, en el primer puesto para senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires el 13 de agosto.
Pionera pero no tanto
Argentina ha sido pionera en la región y buena parte del mundo en algunas leyes que responden a demandas de los movimientos feministas y de la diversidad sexual.
Ejemplos paradigmáticos de esta suerte de vanguardia legislativa son la Ley de Cupo (1991), que fijó que al menos el 30% de la listas para la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores deben estar ocupadas por mujeres, y la Ley de Matrimonio Igualitario (2010), que equipara los derechos del matrimonio de las parejas del mismo sexo con las de distinto sexo.
La lista se completa con la Ley de Identidad de Género (2012), que permite que las personas trans sean inscriptas en sus documentos de identidad con el nombre y el género de su elección y, a la vez, garantiza la gratuidad de los tratamientos médicos de adecuación a la expresión de género.
Sin embargo, ni un solo proyecto de ley sobre la interrupción del embarazo ha logrado ser discutido ni en el Senado ni en la Cámara Baja, a pesar de la fuerza de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito que nuclea una amplia y diversa alianza federal desde hace 12 años.
Un fallo histórico de poca aplicación
El único “avance” fue el denominado Fallo F. A. L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (2012), que zanjó una antigua discusión sobre si los embarazos originados en una violación sufrida por cualquier mujer, y no sólo por aquellas con una discapacidad mental, estaban incluidos como aborto no punible en el Código Penal.
La Corte interpretó que toda mujer que quede embarazada luego de una violación puede acceder a un aborto no punible, y aclaró que no es necesaria ni autorización judicial ni denuncia previas: basta con la declaración jurada de la mujer.
Sin embargo, este derecho no se respeta en una gran parte de las provincias argentinas, ya sea porque los gobiernos directamente no aplican protocolos de actuación o porque estos están suspendidos por tribunales de inferior jerarquía.
Escuchá las palabras de Bullrich: