Abuso policial, crisis sanitaria y desigualdades socioeconómicas en Chaco


La violenta irrupción de policías en una vivienda en Chaco fue noticia semanas atrás y volvió a poner en agenda la difícil situación que atraviesan quienes allí viven.


Ubicada al norte de Argentina, Chaco figura siempre entre las provincias con peores indicadores educativos, sanitarios y sociales del país. En la capital provincial, Resistencia, el 46% de las familias vive en situación de pobreza. Entre 2018 y 2019 la indigencia casi se triplicó: pasó de 5,9% a 15,9%, 43.000 personas indigentes más entre un año y otro. Los procesos de expulsión rural que provoca la siembra de soja es una de las causas que explican la grave situación socioeconómica que sufre la provincia. Los casos de desnutrición infantil son frecuentes y, en la actualidad, es además uno de los focos con más casos de coronavirus desde que la pandemia llegó al territorio nacional.

En el video que se viralizó se observa a un grupo de policías de la Comisaría Tercera realizando un allanamiento ilegal en la casa de una familia Qom del Barrio Cacique Pelayo- Banderas Argentinas, en la localidad de Fontana, a 5km de Resistencia. La brutalidad y violencia por parte de los oficiales impactan. Luego de volverse público el hecho, los policías fueron separados del cargo, denunciados también por abuso sexual. La investigación ya está en curso, pero no con la celeridad necesaria.


“Casos como este no son nuevos aquí, no nos sorprenden. Lamentablemente, estamos acostumbradas”, señala Susana González, Presidenta de la Fundación Amadeo Capital Humano, y explica que, si bien los abusos policiales no solo se ejercen sobre miembros de comunidades originarias, son ellos quienes tienen más dificultades para denunciar estos casos, por desconfianza ante las autoridades y falta de conocimiento sobre sus derechos.

La fundación Amadeo nació a partir de la tarea que desarrollaba la Comisión de Tierras Interpartidarias, y está conformada por profesionales de enfermería, antropología, ingeniería, psicología y abogacía, entre otras áreas. Actualmente trabaja en el ordenamiento territorial de toda la provincia del Chaco, asesorando y acompañando a las familias que realizan tomas de tierra; y sostienen comedores y merenderos que, gracias a la ayuda de vecinos/as y voluntarios, alimentan a más de 500 niños y niñas en el área metropolitana de la capital.


Inequidades que se profundizan


La pandemia profundiza problemas estructurales que llevan décadas de desatención y negligencia. El acceso a la vivienda y a la tierra son un ejemplo, con miles de personas viviendo en asentamientos, en condiciones de sub o nula urbanización. Pese al Decreto de Necesidad y Urgencia que los prohíbe, Susana indica que ha habido al menos ocho intentos de desalojo en las últimas semanas.


Días atrás intentaron desalojar a una veintena de familias que ocupan tierras pertenecientes a la Administración Provincial del Agua (A.P.A.). Las autoridades de A.P.A. se presentaron con topadoras en el lugar, sin seguir los procedimientos que establece la ley y con total desconocimiento de los protocolos. “La fundación Amadeo es parte de Habitar Argentina, de la Alianza Internacional de Habitantes, y de la Federación de Villas y Barrios Carenciados (FEDEVI). Pudimos frenar esos desalojos gracias al trabajo conjunto y articulado con estos espacios. Así logramos que el reclamo llegara a organismos internacionales y que las autoridades intervinieran. Ya estamos en comunicación con el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) para dar respuesta a esas familias”.


En poblaciones habituadas a convivir con aguas servidas, sin obras de cloacas, y a caminar kilómetros para recibir atención médica, la emergencia sanitaria no es un estado de excepción sino más bien la regla y el Covid-19 la recrudece. “Somos la provincia con más tiempo de cuarentena y no se tomaron las medidas necesarias. Los controles se hicieron durante las primeras dos semanas y después todo se relajó. La gente empezó a circular, se dejaron de hacer testeos. Los casos se multiplican y recién ahora se está tomando conciencia, pero se está llegando tres meses después”, enfatiza Susana, y agrega que desde el gobierno reciben los reclamos pero que no alcanza: “Las medidas hay que tomarlas. No podemos pasar dos semanas dialogando, porque en esas dos semanas la gente ya se contagió, ya se enfermó y muchas personas murieron. Sino fue por el dengue, fue por el coronavirus o, incluso, de hambre”. Las organizaciones de Chaco exigen asistencia social desde que identificaron el primer caso de Covid-19, y ofrecen su contacto con los barrios populares, sus mapeos de comedores y su experiencia, pero del otro lado las autoridades no avanzan en medidas concretas, y las ayudas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o los módulos alimentarios llegan tarde, de manera irregular y son insuficientes.


Cuenta Susana que recientemente participó de una capacitación, vía zoom, sobre medidas de seguridad e higiene para comedores, y que la capacitación era muy buena, muy detallada, pero imposible de aplicar en su territorio: “Nos brindaron muchísima información sobre a qué temperatura lavar las ollas, cómo desinfectar azulejos, separar residuos y hasta cómo organizar el uso de tablas y cuchillos, pero aquí muchas veces no contamos ni con agua corriente. Hay comunidades que se quedan sin luz a las 6 de la tarde, familias y comedores que cocinan a leña, sobre tarimas apoyadas en piso de tierra y sin heladera. La realidad es totalmente diferente a la que contemplan las medidas de seguridad que explican”.


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