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Declaración Política del Foro Feminista previo a la XV Conferencia Regional sobre la Mujer



Los Foros Feministas son eventos autogestivos, paralelos a la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe de la CEPAL, que en 2022 cumplió 45 años. Luego de meses de diálogo, organización y gestión por parte de numerosas organizaciones de la sociedad civil, el Foro Feminista se desarrolló el 7 de noviembre de 2022 en el Espacio de Memoria y Derechos Humanos (ex-ESMA), en Buenos Aires, Argentina. Durante la jornada se realizaron conversatorios, talleres e intervenciones de organizaciones feministas y activistas de toda Latinoamérica y el Caribe. Participaron más de 1000 personas.


Del Foro surgió la "Declaración de Buenos Aires", que el 9 de noviembre fue presentada

y leída en la Conferencia oficial de CEPAL, para incidir en la agenda de los gobiernos y posicionar las propuestas y demandas de las organizaciones de la sociedad civil y del movimiento feminista organizado. Compartimos la Declaración Política del Foro Feminista previo a la XV Conferencia Regional sobre la Mujer:


A este Foro Feminista llegamos -por primera vez en la historia de las Conferencias regionales- más de mil mujeres, feministas de todas las diversidades de nuestro continente, a las que nos convocó el tema a discusión, porque nada muestra tanto la injusticia de género, como la división sexual del trabajo, premisa sobre la que se monta la idea de que el trabajo de cuidado no remunerado es nuestra responsabilidad exclusiva, producto del “amor” e históricamente feminizado.


Los feminismos hemos examinado los costos económicos y sociales que tiene la reproducción de la vida para las personas, familias, comunidades y Estados. Hemos visibilizado en qué medida el trabajo que hay que poner en juego para que se sostenga la existencia individual y colectiva, constituye la base de la producción económica y de la acumulación capitalista. Sin cuidados no hay vida y cuidar -a otras personas, a una misma o al entorno- implica trabajo. Se ha denunciado que ese trabajo de sostenimiento está principalmente a cargo de mujeres (niñas, adolescentes, jóvenes, adultas, adultas mayores), que lo realizamos en los hogares y comunidades de forma no remunerada y precarizada. Hemos puesto en evidencia las formas en que la acumulación de capital se basa en la expropiación de los tiempos y las energías necesarias para sostener la vida y los lazos sociales.



Por ello hemos pugnado por años para avanzar hacia las sociedades del cuidado, que suponen la formulación de políticas integrales que reconozcan, redistribuyan y reduzcan el trabajo no remunerado que hacemos las mujeres, que nos aseguren la autonomía económica y -de esta manera- la autonomía en otras esferas de la vida. Porque la sobrecarga de trabajo no pago que vivimos, profundiza y agrava desigualdades, impidiéndonos determinar el uso del tiempo o disponer de tiempo libre. Luego de la larga pandemia que profundizó la crisis y dejó al desnudo la fragilidad de los sistemas de salud, los gobiernos tienen el desafío de consolidar procesos que reactiven la economía mundial y desarticulen la injusta y desigual división sexual del trabajo, reconociendo que tareas reproductivas y productivas son igualmente necesarias para el desarrollo digno de las naciones y sus pueblos, y promoviendo el respeto a la madre tierra, garantizando su cuidado porque de ella depende nuestra vida y la del planeta.


Hoy venimos aquí a ratificar las propuestas y exigencias que hemos señalado antes, por ello hacemos nuestro el documento elaborado y entregado por las compañeras argentinas a la CEPAL y ONU Mujeres en junio pasado y a ello agregamos:


1. El derecho al cuidado tiene que ser considerado como un derecho humano desde una doble exigencia: en primer lugar, los Estados deben garantizarlo a todas las personas independientemente de su situación de vulneración o dependencia. En segundo lugar, el trabajo de cuidados sostiene a las sociedades de tal manera que es fundamental que los Estados -y la sociedad en general- reconozcan su importancia y el impacto que este ha generado y genera a las mujeres y niñas debido a su injusta distribución.




2. Los Estados tienen la obligación de adoptar e implementar leyes, políticas y programas con suficiente presupuesto dirigidos a la creación de sistemas integrales de cuidado que desarrollen infraestructuras y servicios accesibles, próximos y de calidad y que incorporen una perspectiva de género, de interseccionalidad y con pertinencia cultural, con un enfoque feminista que analice y comprenda el impacto del cuidado en las vidas de las mujeres y niñas en toda su diversidad. Los sistemas de cuidado deben asumirse como una inversión, no como un gasto y deben contemplar la co-responsabilidad del Estado, las comunidades, las familias y el mercado.


3. Los desalojos y otros procesos de expulsión producto de la voracidad inmobiliaria y extractivista -tanto sobre los territorios ancestrales como los urbanos- amenazan la vida de las comunidades y son causa de migraciones forzadas y mayores niveles de pobreza y vulnerabilidad. En este sentido reclamamos a los Estados mayores esfuerzos para garantizar el acceso de las comunidades campesinas y de pueblos originarios y afrodescendientes al agua y a la tierra, como aspectos clave que permiten el sostenimiento de experiencias de cuidados comunitarios. Asimismo, reclamamos se garantice el uso social de la tierra en los territorios urbanos, y el acceso a una vivienda digna y a infraestructuras y servicios que permitan la colectivización de los trabajos de cuidado.


4. El trabajo de cuidado no remunerado aumenta el tiempo de trabajo total de las mujeres. Además las ocupaciones que se relacionan con la economía del cuidado, suelen generar empleo en el sector informal sin beneficios de cobertura sanitaria y de protección social, en general reciben los salarios más bajos de la economía y conllevan mayores riesgos de enfrentar formas múltiples e interseccionales de discriminación, violencias y marginación.




5. El trabajo de cuidados que realizamos a través de las organizaciones comunitarias en muchos de nuestros países -que ha permitido a los sectores más vulnerables afrontar los impactos de pobreza estructural y de las crisis socioeconómicas de los últimos años- sigue invisibilizado, lo mismo que los cuidados realizados por las mujeres indígenas: sanadoras, curanderas, hierberas, cuidadoras de la madre tierra.


6. Los Estados deben impulsar una agenda de cuidados que considere a las niñas y adolescentes como sujetas de derecho, aportando a minimizar la imposición de responsabilidades de cuidados como algo que no les corresponde, reconociendo el valor y el impacto del trabajo no remunerado que realizan y transformando la mirada adultocéntrica que ha prevalecido hasta ahora en una más inclusiva, respetuosa y que promueva la solidaridad intergeneracional. Porque la desigual distribución del trabajo no remunerado les restringe las posibilidades de salir del espacio doméstico para la recreación y la participación en actividades sociales, políticas y comunitarias, así como continuar con su educación. Por lo tanto, es necesario generar para jóvenes fuentes de empleo formales y flexibles que permitan -en especial a aquellas casadas o unidas- tener un ingreso digno para que cuenten con más opciones para formar o continuar su plan de vida.


7. Los Estados deben reconocer el derecho al cuidado de las personas con discapacidad desde un enfoque de autonomía, con el apoyo necesario para asegurar el autocuidado y reivindicándolas como personas cuidadoras, generando los mecanismos y apoyos para que puedan ejercer su derecho a cuidar.




8. Los sistemas de cuidado que se implementen deben considerar las necesidades de salud y el abastecimiento de medicamentos de las mujeres que viven con VIH, así como reconocer, que las tareas de cuidado que éstas realizan impactan negativamente en el autocuidado, el diagnóstico oportuno y la adherencia al tratamiento.


9. La vida de las mujeres que ejercen el trabajo sexual está atravesada por la violencia institucional, en forma de persecución, allanamientos injustificados, detenciones arbitrarias, tratos crueles y degradantes, extorsiones y amenazas por parte de las fuerzas policiales y de seguridad. Por ello urge que los Estados de la región implementen medidas preventivas, de protección y atención que contribuyan a la erradicación de todas las formas de violencia basadas en el género, incluyendo las violencias y vulneraciones a los derechos humanos de las que son víctimas las mujeres que ejercen el trabajo sexual.


10. El debate sobre el cuidado nos permite construir un continente donde las ciudadanías emergentes tengan una voz fuerte sin vivir en el terror de perder sus vidas, o en el miedo permanente a la exclusión. Por ello necesitamos una agenda innovadora de mujeres, paz y seguridad, para prevenir y enfrentar todas las formas de violencia contra las mujeres haciendo un ejercicio permanente de debate que permita la construcción de sociedades incluyentes y justas basadas en el cuidado y en dónde se proteja el derecho a defender derechos humanos.


11. La crisis migratoria regional -mayoritariamente venezolana- obliga a los Estados a promover y garantizar los derechos humanos de todas las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, especialmente de mujeres, niñas, adolescentes y personas género-diversas, cuya situación de movilidad incrementa su vulnerabilidad a la violencia basada en género. Las migrantes se ocupan en empleos de cuidados altamente precarizados, constituyendo así las cadenas globales de cuidado en cuyo origen está la responsabilidad asignada a las mujeres de asegurar la sostenibilidad de los hogares en contextos de crisis de reproducción social.


12. Es urgente que los Estados elaboren programas de empleo real con salario digno, acceso a programas de vivienda, educacion pública, y salud integral para las mujeres que viven y reconocen en la prostitución un permanente estado de violencia.





13. Hacemos una exigencia a los Estados para prevenir, investigar y sancionar todas las formas de violencia basada en género que enfrentan las mujeres, juventudes, adolescentes y niñas, particularmente las mujeres trans, travestis, las trabajadoras migrantes y refugiadas, incluyendo la trata y el tráfico, la explotación laboral y sexual, el acoso, el desarraigo territorial y cultural, la vulneración de las creencias de mujeres indígenas que llegan a trabajar a casa de familias y todas las formas de violencia sexual, así como los feminicidios y transfeminicidios.


14. El trabajo de cuidados disminuye el tiempo y la capacidad de las mujeres para acceder a la atención integral, integrada e intercultural de la salud sexual y reproductiva, incluido el acceso a los servicios de anticoncepción, anticoncepción de emergencia y el aborto legal y seguro, lo que cuesta la vida de las mujeres, a veces su vida física y mayormente su proyecto de vida. De manera especial queremos llamar la atención sobre la región centroamericana y dominicana en donde la penalización del aborto es absoluta; y el caso de Honduras, único país en el continente que niega la posibilidad de acceder a pastillas anticonceptivas de emergencia (PAE). Así mismo, mencionar que en 2023 la Corte IDH conocerá el caso de Beatriz, donde se espera que el Estado salvadoreño sea condenado por los tratos crueles, inhumanos y degradantes que ella enfrentó debido a la penalización absoluta del aborto. En un marco de retrocesos democráticos en la región centroamericana este caso trae esperanzas para avanzar en la justicia reproductiva en toda América Latina y el Caribe.




15. La transformación cultural que se requiere -para afianzar la idea de sociedades del cuidado- pende de políticas de educación que sean integrales, incluida la Educación Integral e intercultural en Sexualidad, que revierta las relaciones desiguales e inequitativas de género, asegurando una efectiva redistribución de las tareas de cuidados entre hombres, mujeres y personas en toda su diversidad.


16. En las resoluciones del sistema de justicia es moneda corriente la revictimización en los procesos, la inaccesibilidad del sistema, el lenguaje encriptado y el retardo injustificado. Como consecuencia, no tenemos acceso a una tutela judicial efectiva cuando se acude al sistema para hacer valer nuestros derechos. Repudiamos el rol persecutorio de los poderes judiciales, instamos a los Estados a que generen reformas estructurales para garantizar el acceso a la justicia y consolidar Poderes Judiciales con perspectiva de género y diversidad. No hay sociedades de cuidado sin reformas judiciales feministas.


17. Hacemos un llamado enérgico a los Congresos de la región a presentar iniciativas de leyes de cuidados -o aprobar las que están en espera de sanción-, que permitan la creación de política pública y que reconozcan y garanticen tanto los derechos de las personas que requieren cuidados como los de las cuidadoras.




18. Los Estados tienen la obligación de promover y garantizar el respeto a la Laicidad y pluralidad religiosa, una verdadera separación de las Iglesias y los asuntos políticos permitirá avanzar en el cumplimiento y acceso a derechos para que las mujeres en toda su diversidad puedan tomar decisiones de manera informada, en libertad de conciencia, con autonomía, libres de prejuicios y culpa. Creemos en la justicia terrenal y condenamos la reciente ola fundamentalista religiosa que criminaliza y encarcela a las mujeres por abortos y promueve la violencia reproductiva y obstétrica.


19. Hacemos un llamado insistente para contar con datos estadísticos desagregados por edad, por grupos étnico raciales como pueblos indígenas y afrodescendientes, sexo, estado civil, identidad de género, orientación sexual, discapacidad y todos aquellos que resulten necesarios para tener más información sobre el trabajo de cuidados; para la generación e implementación de políticas públicas según necesidades de las mujeres en toda su diversidad.


20. Ninguna política pública rendirá los frutos que exigimos, si se implementa desde regímenes de gobierno autoritarios, que no escuchan voces ciudadanas y que cierran las puertas de la democracia. De forma particular, denunciamos la dictadura en Nicaragua que violenta de manera sistemática a las defensoras de derechos humanos, que reprime la movilización social y que expulsa o encarcela a la disidencia. ¡Exigimos libertad inmediata para las presas políticas del régimen!

Señoras y señores representantes de gobiernos, actualmente enfrentamos una crisis climática que pone en riesgo la vida de millones de personas, en ese marco, la pandemia en América Latina profundizó los problemas estructurales y produjo un marcado incremento en la desigualdad social con retroceso de 27 años en la pobreza extrema, con impactos negativos desproporcionados en las mujeres en todos los órdenes de la vida.




Sabemos que las recomendaciones de los organismos financieros internacionales centradas en impulsar políticas de austeridad y de reducción de gastos públicos no son las adecuadas para impulsar la sostenibilidad ambiental y reducir los rezagos sociales y las brechas estructurales. ¡NO LES ESCUCHEN! La prioridad no puede ni debe ser garantizar el servicio de la deuda externa, sino penalizar la hiperconcentración de la riqueza.


Venimos a decir que se requiere de los esfuerzos públicos para promover nuevos modelos de desarrollo que pongan la vida en el centro e impulsen un un pacto fiscal que sostenga verdaderas políticas de cuidado. También se requiere redireccionar la política económica hacia el consumo de hogares y la generación de empleo digno. Avanzando hacia la universalización de los sistemas de protección social y salud.


En este momento de la historia en todos los países sabemos que las horas dedicadas a las tareas de cuidado sostienen a las sociedades y subsidian al capitalismo. Ahora estamos reunidas en esta XV Conferencia Regional de la Mujer para impulsar acuerdos distintos, más justos para las mujeres y más realistas para las actuales necesidades.


Hoy no alcanzan los diagnósticos, las buenas intenciones, ni las declaraciones comprensivas, es fundamental impulsar y construir respuestas estructurales concretas con participación de múltiples actores, en clave de derechos humanos, desde una perspectiva de género, interseccional, transversal e incluyente de todas las diversidades hoy discriminadas y excluidas.


¡HOY MÁS QUE NUNCA RECLAMAMOS JUSTICIA SOCIAL, JUSTICIA ECONÓMICA Y JUSTICIA DE GÉNERO!




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