¿Quiénes pagan el precio de nuestros clics? Voces, disputas y resistencias ante la violencia mediática de género

El viernes 28 de agosto, en la sede del CISPREN de la ciudad de Córdoba, se realizó la ronda de conversación “Violencias mediáticas y de género. ¿Quiénes pagan el precio de nuestros clics?”. La jornada fue impulsada por CISCSA Ciudades Feministas, la Colectiva Juntxs por Candela, el Espacio de Género y Diversidad María de las Mercedes Gómez “Las Mechas”, el Área de Feminismos, Géneros y Sexualidades (FFyH-UNC) y el proyecto de extensión “Enredarnos en los feminismos que habitamos” (UNC).
El encuentro reunió a referentes territoriales, comunicadoras de medios masivos y alternativos, investigadoras y estudiantes secundarias para discutir sobre la espectacularización de los casos de violencia de género, la revictimización y el hostigamiento digital, así como sobre las respuestas que se construyen desde las organizaciones para hacerles frente.
La violencia mediática en los barrios populares
La mesa abrió con la intervención de Marta Filgueiras, integrante del Espacio de Género y Diversidad “Las Mechas”, del barrio Argüello. A partir de la experiencia de búsqueda de una vecina, contó cómo la violencia mediática afectó a la mujer desaparecida, a su familia y a la comunidad que se organizó para encontrarla.
Filgueiras denunció que chats privados de la mujer fueron filtrados desde la Unidad Judicial y la policía hacia los medios de comunicación. La cobertura avanzó sobre su vida íntima para construir la figura de la “mala víctima” y sometió a la familia al hostigamiento mientras todavía se desconocía su paradero.
“Por ser pobres, por vivir en barrios populares, por ser mujeres, por ser negras, la violencia mediática nos venía pasando hace rato (...) Dicen que tienen hambre, pero miren los celulares. Y todas esas cosas después se replican en las redes sociales. Son muy conscientes de lo que hacen cuando sacan títulos; son muy conscientes de lo que están generando.”
También cuestionó el tratamiento periodístico que recibió la aparición con vida de la mujer: “Lamentablemente, parece que preferían que hubiese aparecido muerta a que hubiese aparecido en el estado en que apareció”.
Filgueiras recordó otros episodios de violencia mediática en la zona, como el transfemicidio de Laura Moyano y las expresiones discriminatorias emitidas en su momento por comunicadores de mucha audiencia. Destacó que la organización comunitaria, la protesta en el CPC Argüello y el acompañamiento jurídico gratuito permitieron sostener a la familia.
La cocina de las redacciones: entre la voracidad comercial y el compromiso ético
La periodista Virginia Digón, trabajadora de La Voz del Interior, habló sobre las tensiones que se viven dentro de las grandes redacciones cuando la presión por publicar y la competencia entre medios dejan en segundo plano los derechos de las víctimas.
Al analizar la cobertura del mismo caso, ocurrido en pleno verano, explicó cómo la menor actividad informativa de enero puede favorecer la búsqueda de noticias que atraigan la atención del público.
“Era enero, todos sabemos que en enero en términos de noticias no pasa nada: no hay Congreso, no hay Justicia, la mitad de la gente está de vacaciones. Entonces es como un combo explosivo de 'no hay nada para contar, saquemos de acá'.”
Digón cuestionó la espectacularización y las coberturas que presentan dos versiones como si tuvieran el mismo sustento. Insistió en la responsabilidad profesional de actuar con prudencia cuando todavía no hay información suficiente. “No somos ni jueces ni Dios; no tenemos que salir a dar respuestas de nada ni a cuestionar a nadie cuando todavía no es pertinente”, sostuvo.
También defendió la posibilidad de decidir no publicar, incluso cuando otros medios ya difundieron información sobre el caso. “Si yo no tengo nada para contar y tal medio sacó tal cosa, no me tengo que subir al tren e ir a chocarnos contra la pared, sino decir: tomo la decisión de esperar”.

Por su parte, Verónica Ferrucci, comunicadora del medio cooperativo La Tinta, describió las dificultades que enfrentan los medios autogestionados para disputar la agenda pública con recursos económicos y materiales escasos.
“Quedamos en una trampa de correr detrás de los casos que se instalan mediáticamente (...) Se monta una lógica de reality show. De los violentos y de los femicidas no sabemos nada -no sabemos quiénes son, qué hacen, cuáles son sus entornos-, pero se escruta la vida privada de la víctima.”
Ferrucci cuestionó la sobreexposición en pantalla de figuras como el abogado Carlos Nayi y puso en discusión la circulación de discursos sobre las llamadas “falsas denuncias”, vinculados con agendas conservadoras y negacionistas.
También habló sobre la denominada economía de la atención y la forma en que las plataformas digitales mezclan noticias, entretenimiento, publicidad y discursos violentos.
“Pasás de ver un TikTok de un gatito que hace algo a escuchar a un abogado dar detalles del cuerpo de una víctima, y automáticamente después estás viendo una rutina de skincare o los dichos negacionistas del presidente. Nos vamos moviendo en esa vida digital.”
Cambios en las coberturas y dificultades para sostener los espacios feministas
La docente, investigadora de la UNC e integrante de la Red PAR, Jimena Massa, presentó datos de un estudio que analizó 450 notas publicadas en cinco medios provinciales sobre cinco casos de femicidios en Córdoba: Cecilia Basaldúa, Anahí Bulnes, Luana Ludueña, Catalina Gutiérrez y el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio.
Massa destacó algunos avances en el lenguaje periodístico, como la consolidación del término “femicidio” y el abandono de expresiones como “crimen pasional”, “el depravado” o “el enfermo mental”, que explicaban estos crímenes a partir de supuestas patologías individuales.
Sin embargo, advirtió que esos cambios conviven con la reducción de los espacios especializados en género y las dificultades económicas que atraviesan los medios feministas autogestionados.
“En 2022 había 13 editoras de género en Argentina: fue el país que más editoras de género tuvo en el mundo. Hoy solo existen dos, y una trabaja ad honorem (...) De 16 medios autogestionados feministas que había en 2022 en distintas provincias, hoy solo sobrevive uno por provincia debido a las severas condiciones de subsistencia.”
Audiencias, juventudes y herramientas colectivas
Después de las exposiciones, las estudiantes, las activistas y el público compartieron experiencias sobre el impacto de la violencia mediática y las formas de enfrentarla.
Las juventudes y la “vía pública digital”. Emilia, de 17 años, estudiante secundaria, militante del espacio “Las Mechas” y tallerista de ESI, planteó la necesidad de que las audiencias asuman un papel activo frente a los contenidos que circulan en las plataformas digitales.
“Pensamos a las redes sociales como una vía pública gigante. El algoritmo está diseñado para encontrarte con cosas que te atraigan por enojo o por morbo (...) Nosotras como audiencias tenemos que saber cuándo decir 'hasta acá miramos' y dejar de alimentar esa interacción.”

Organización en las escuelas. Integrantes de la Federación de Secundarios (FES) compartieron el impacto emocional del femicidio de Agostina en las comunidades escolares y contaron cómo impulsaron protocolos estudiantiles propios para intervenir ante situaciones de violencia. También defendieron la vigencia de la ESI frente a las ofensivas gubernamentales.
Inteligencia artificial y nuevas violencias. Durante el intercambio se expresó preocupación por el uso de inteligencia artificial para redactar automáticamente contenidos sensacionalistas y por la proliferación de imágenes sexuales falsas no consentidas, conocidas como deepfakes, en los entornos escolares.
Estrategias jurídicas y alianzas. Se discutieron las posibilidades de sanción y reparación frente a la violencia mediática, contemplada en la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres.
Jimena Massa recordó el antecedente del fallo contra el diario La Capital de Rosario, por el tratamiento del caso de Flor Basso. Según explicó, el medio debió publicar una retractación del mismo tamaño que la nota agraviante.
También se destacó el trabajo de las redes de comunicadoras que comparten información y coordinan coberturas con perspectiva de derechos. Entre ellas, el grupo de WhatsApp “Agenda Feminista”, que reúne a más de 200 periodistas de la provincia de Córdoba y permite advertir sobre prácticas abusivas y organizar respuestas colectivas.




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