Argentina: 50 femicidios en un mes y medio



El movimiento feminista tomó las calles al grito de Ni Una Menos y exigió que se declare la emergencia nacional por violencia de género.

Volvimos a tomar las calles unidas en el dolor, alarmadas por la cantidad de femicidios, travesticidios y transfemicidios en poco más de 50 días. La violencia machista se recrudece en Argentina y los movimientos feministas exigimos justicia por las que ya no están y medidas de protección efectiva para las que se encuentran viviendo situaciones de violencia.


Según los registros de Mumalá, solo en enero de 2021 hubo 38 muertes violentas entre femicidios, femicidios vinculados, trans-travesticidios y muertes violentas asociadas al género. Como consecuencia, 27 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madre. Hubo, además, 36 intentos de femicidios en todo el país. Respecto al vínculo con el femicida, el observatorio reflejó que el 59% eran parejas o ex parejas; el 29% hombres del círculo íntimo y el 12% hombres familiares directos e indirectos. El 25% de las mujeres había denunciado a su agresor; 17% tenía orden de restricción; y sólo el 4% tenía botón antipánico.


Frente a la seguidilla de femicidios, hubo concentraciones masivas en todo el país, algunas fuertemente reprimidas por la policía. El colectivo Ni Una Menos denunció: “No habrá una muerta menos si no hay reforma judicial. La falta de perspectiva de género en la justicia sigue acrecentando los números de víctimas por violencia”. Demandó celeridad por parte de la Justicia, más presupuesto para prevenir y erradicar la violencia de género y revisión de los antecedentes de los integrantes de las fuerzas de seguridad, entre otras. Por otro lado, el Colectivo de Mujeres y Disidencias Autoconvocadas pidió declarar la “emergencia nacional por violencia de género” y que haya una coordinación efectiva y real entre el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad y los municipios, a través de un petitorio colectivo que reunió más de 30.000 firmas y que fue entregado al presidente argentino, Alberto Fernández.




¿Y de la Policía quién nos cuida?


El asesinato de Úrsula Bahillo, de 18 años, por parte de su ex-pareja, oficial de policía, volvió a poner en agenda un problema que, si bien no es novedad, no está siendo abordado en específico: se estima que uno de cada cinco femicidios es perpetrado por agentes de fuerzas de seguridad. Según el registro de La Casa del Encuentro, desde 2018 hasta la actualidad, 214 femicidas pertenecen o han pertenecido a alguna fuerza. En tanto, una investigación publicada por Perycia indica que, entre 2013 y 2020, uno de cada nueve policías de la provincia de Buenos Aires fue acusado de violencia de género. Hay 6.000 policías activos denunciados por violencia machista y más del 80% de los investigados por Asuntos Internos sigue actualmente en funciones.


El hecho de que para realizar denuncias las mujeres deban acudir a las llamadas “Comisarías de la Mujer”, en vez de ser atendidas y acompañadas por personal civil, tiende a favorecer la complicidad policial, el encubrimiento y la revictimización de las denunciantes. Otra cuestión que preocupa es la portación del arma reglamentaria las 24 horas, que pone en riesgo a quienes conviven con funcionarios de seguridad: muchas veces el arma es usada para hostigar, herir o ejecutar el femicidio.


El asesinato de Úrsula conmocionó al país por la cantidad de denuncias que habían realizado tanto la joven como su madre (además de otras denuncias previas contra el agente: una por violación a una nena con discapacidad y otra por amenazas calificadas contra su ex-pareja). A la joven se le otorgó una medida perimetral y el cese de hostigamiento; había pedido el botón antipánico, pero el Municipio de Rojas no contaba con esos dispositivos en funcionamiento. El 8 de febrero, Martínez, su ex-pareja, fue citado por la Ayudantía Fiscal para exponerle las medidas en su contra. Horas más tarde, asesinó a Úrsula.


Nunca creí estar denunciando a alguien por violencia de género. Quiero ser la última”, había escrito ella en twitter.




Injusticia patriarcal


Los femicidios evidencian una larga cadena de actores que fallan consecutivamente en proteger a las víctimas de violencia machista: una falla estructural que pone en juego a las fuerzas de seguridad, los dispositivos de gobiernos nacional, provincial y municipal, y el Poder Judicial. Urge otra lógica de intervención estatal.


Las herramientas que nos ofrece el Estado son insuficientes: la restricción perimetral es un papel que no previene un ataque y el botón antipánico (cuando “hay en stock”) supone una conectividad que no está disponible en todos los contextos. Y eso si la mujer pudo llegar a realizar la denuncia, que en muchos territorios es una epopeya en sí misma y que, muchas veces, agrava la situación de vulnerabilidad.


La mera aplicación del derecho penal cuando el femicidio ha sido consumado no es suficiente. Urge reforzar la prevención, aceitar los mecanismos del Estado y poner en práctica medidas de protección reales que lleguen a todos los territorios del país. También urge el reconocimiento del rol primordial de las redes feministas en el sostenimiento y acompañamiento de quienes sufren violencia patriarcal, desde los mismos territorios.


“Es urgente cambiar el paradigma. Es urgente que se persiga a los agresores y no que se encierre cada vez más a las víctimas. Porque sí, se necesitan los refugios y también las medidas de restricción perimetral. Pero sobre todo se necesitan redes de afecto, de acompañamiento, comunitarias. Y un compromiso transversal de condenar la violencia por razones de género, no sólo a los femicidas, porque entonces es irreversible”, reflexiona Marta Dillon en Página/12.


*Esta nota fue publicada en el Boletín Boca a Boca #37 de la Articulación Feminista Marcosur.

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