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El 3er Plan Nacional se anuncia como una respuesta integral desde el Estado, en un país donde las violencias de género parecieran multiplicarse.
Denuncia, intervención policial y judicial, refugios: el nuevo Plan Nacional avanza sobre el problema de las violencias, ampliando el abordaje con una mirada que se pretende federal, feminista e interseccional. La elaboración, implementación y monitoreo de un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres se estableció en 2010 dentro de la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia hacia las mujeres. Desde aquel momento hasta hoy, esta institucionalización no se ha consolidado, dependiendo siempre del gobierno de turno. Por este motivo es que la presentación del Plan Nacional para el período 2020-2022 por parte de la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD), Elizabeth Gómez Alcorta, fue recibido con profundo interés. “El Plan que aquí presentamos pretende constituirse como punto de encuentro entre las demandas de mujeres y disidencias y un Estado que asume su responsabilidad, jerarquiza esas demandas y ofrece respuestas concretas y materiales”, indica el documento de 235 páginas presentado en conferencia a comienzo del mes de julio.
Según señalan desde el propio Ministerio, “se trata de una apuesta histórica”, por cuanto se propone “abordar de manera participativa, federal, multiagencial, transversal e interseccional una problemática estructural y que requiere del compromiso de todas, todos y todes para construir una sociedad más justa, igualitaria y sin violencias contra las mujeres y personas LGBTI+”. Este cambio, que supone pasar de un abordaje individual a uno integral e interseccional, persigue la transformación de las condiciones estructurales que afectan a quienes atraviesan situación de violencias por motivos de género, y pone el foco no solo en las situaciones extremas como lo son los femicidios, travesticidios, transfemicidios, sino también en la autonomía económica y la dimensión cultural del problema, proponiendo políticas públicas “que permitan crear condiciones materiales para que las personas y grupos más afectados por las violencias de género puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo”. En esta línea mencionan que “el acceso a la vivienda, a la formación laboral y al empleo forma parte de esta definición de políticas de protección integral”. Para su elaboración, el MMGyD impulsó un proceso participativo y federal, que convocó a organizaciones sociales, políticas, comunitarias y sindicales, reconociendo la centralidad que tienen para las redes territoriales y las prácticas y saberes de abordaje territorial de estas violencias.
Por primera vez el Plan considera la planificación, ejecución, control y revisión de las acciones y propuestas; y cuenta con un presupuesto al menos tres veces mayor que el plan del anterior periodo. Se destaca la incorporación de los derechos establecidos en la Ley de Identidad de Género, lo que agrega una perspectiva de diversidad e inclusión del colectivo LGTBIQ+ en la política pública. Además, explicita la necesidad de abordajes específicos en función de las interseccionalidades, indicando que las condiciones de migración, discapacidad, pertenencia a comunidades indígenas u otras minorías, ruralidad y/o privación de la libertad son factores que incrementan la situación de vulnerabilidad de mujeres y personas LGBTIQ+.
Justicia y cuidados: dos ejes a los que atender.
La “Protección y Fortalecimiento del Acceso a la Justicia” es uno de los ejes de este Plan. Entre las acciones estratégicas se busca establecer el acceso patrocinios jurídicos gratuitos por parte de las víctimas de violencia, la generación de una red federal de abogadas/os para brindar asesoramiento, y la creación de clínicas de prácticas profesionales en universidades para el abordaje de casos de violencia por motivos de género. Para lograr que estas acciones puedan ser promovidas y aplicadas de manera exitosa, la articulación con otros Ministerios, así como con el Poder Judicial, es clave. El sistema judicial argentino actual dista mucho de ser equitativo y está lejos de incorporar la perspectiva de género: sin su participación activa, las acciones y cambios propuestos en el Plan no podrán ejecutarse.
Por otro lado, en el Plan se detalla que por tener “mayor énfasis y especificidad en los temas de violencias”, las medidas vinculadas a la agenda de igualdad no se incluyen y serán abordadas por el nuevo Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos (PIOD), que aún no ha sido presentado. No obstante, es necesario marcar que el Plan contiene pocas acciones referidas al acceso igualitario al trabajo y no menciona ninguna acción vinculada a la agenda de cuidados. Entendiendo que el acceso al trabajo y la distribución de las tareas de cuidado de manera desigual dejan a mujeres y disidencias en situaciones de mayor vulnerabilidad, medidas y acciones que promuevan la autonomía son indispensables y deben ser contempladas como parte de una propuesta que se pretende integral para que mujeres y disidencias puedan desarrollar proyectos de vida autónoma y libre de violencias.
El plan completo está disponible aquí.