El derecho a decidir es legal en Argentina. ¿Y ahora?



A casi dos meses de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, analizamos avances y desafíos en su implementación.


El 30 de diciembre de 2020 Argentina se convirtió en un país un poco más justo. Tras una sesión de casi doce horas, el Senado aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, un reclamo histórico de los movimientos feministas y un avance en términos de ampliación de derechos para todas las personas.


En las calles, plazas y hogares de todo el país, la marea verde siguió con atención el debate que concluyó con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención. El derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y proyectos de vida se convirtió en ley un día antes de que terminara un año tan complejo como fue el 2020.


Dos días después de que la ley Nº 27.610 entrara en vigencia, una profesional de la salud e integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir dio a conocer que había firmado la primera receta del fármaco misoprostol en la salita de la Villa 1-11-14 de un barrio popular de Capital Federal: el primer aborto legal de la Argentina.


El gran desafío: la implementación


Es innegable el avance en términos de derechos que plantea la legalización: despenaliza la práctica de manera inmediata e imposibilita tomar acciones penales contra las personas que decidan interrumpir un embarazo hasta la semana 14 de gestación. Un dato no menor, teniendo en cuenta que en Argentina hay más de 1500 mujeres con causas penales por aborto (en su mayoría por “homicidio agravado por el vínculo”), según publicó el Centro de Estudios Legales y Sociales en un informe reciente.


Para facilitar la implementación de la Ley se habilitó el 0800 222 3444, línea para denunciar en caso de que se niegue la atención, para sacarse las dudas o solicitar información sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Además, profesionales de la salud de todo el país están construyendo protocolos para contribuir a la efectiva implementación de la ley: por un lado, apuntan a la concientización del sector y, por otro, al diseño de estrategias para que la objeción de conciencia no trabe el acceso al derecho.


Sin embargo, los antiderechos están a la orden del día e intentan obstaculizar la ley, a pesar de que esta abarca todo el territorio nacional, no requiere adhesiones provinciales ni reglamentación para su vigencia y prohíbe la objeción institucional. Una jueza de Chaco aceptó una medida cautelar presentada por una organización antiderechos, frenando la vigencia provincial de una ley nacional, yendo mucho más allá de su competencia. En Córdoba, durante la primera semana de vigencia de la ley, un hospital privado publicó un comunicado a favor de la objeción de conciencia institucional, que no está contemplada en la Ley (incluso si todas y todos los profesionales de un centro privado se niegan a hacer la práctica, deben hacer una derivación, con los costos a su cargo, a otro efector similar).


Otro tipo de dificultad se presenta en provincias como San Juan y Mendoza, donde la venta de misoprostol aún está prohibida en farmacias, dificultando así el acceso a la ILE a cualquier usuaria de obras sociales (el medicamento sólo puede obtenerse en el sistema hospitalario). En la provincia de Jujuy el desafío tiene que ver con construir una guía provincial que contemple la interculturalidad. Si bien toman de modelo la guía de Buenos Aires, quieren traducirla al quechua, lengua muy hablada en el norte del país.


Latinoamérica va a ser toda feminista


La legalización del aborto en Argentina resuena en toda Latinoamérica: marca un nuevo precedente en la región, reaviva la llama de lucha feminista y vuelve a instalar el tema en la agenda pública y mediática. Hoy son seis los países donde decidir es ley (Uruguay, Cuba, Puerto Rico, Guyana, Guyana Francesa y Argentina), además de dos Estados de México.

En Perú, Venezuela, Costa Rica y Guatemala el aborto está despenalizado solo si la vida o la salud de la persona gestante corre peligro, mientras que en países como Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador y Colombia se suman causales como violación o inviabilidad del feto. Cabe mencionar que dos semanas después de la legalización en Argentina, diputadas y diputados chilenos comenzaron a debatir la despenalización del aborto voluntario hasta las 14 semanas, como primer paso para acabar con la clandestinidad en Chile (donde el aborto en tres causales se aprobó recién en 2017).

Los territorios más rígidos en materia de aborto son Paraguay, Nicaragua, El Salvador, Haití, República Dominicana y Honduras. Abortar está prohibido en casi todos los casos y la penalización es contundente. En el último país mencionado, el Congreso “blindó” la prohibición del aborto a través de una reforma constitucional, impidiendo que cualquier ley futura pueda despenalizarlo. Según el portal LATFEM, en Honduras el aborto está penalizado en todas sus circunstancias, la anticoncepción de emergencia está prohibida desde 2009 (con las mismas penas de prisión que el aborto), y no existen protocolos de atención a víctimas sobrevivientes de violencia sexual. Según datos de la Secretaría de Salud de Honduras, 16 niñas de 10 a 14 años fueron forzadas a parir cada semana en 2019.


Hay mucho trabajo por hacer en cuanto a legalización y efectiva implementación de nuestro derecho a decidir. En Latinoamérica se fortalece la resistencia feminista por la autonomía sobre nuestro cuerpo, nuestro primer territorio.


*Esta nota fue publicada en el Boletín Boca a Boca #37 de la Articulación Feminista Marcosur.

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