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La Ley Nacional de Moratoria llega a su fin y el gobierno no parece dispuesto a prorrogar la medida que reconoció como trabajo las tareas domésticas y de cuidado de millones de mujeres.
La Ley Nacional N° 24.476 de Moratoria Previsional -proyecto sancionado en 1995 pero implementado durante la presidencia de Néstor Kirchner en 2006- permitía que las mujeres que tenían 60 años de edad y no llegaban a los 30 años de aportes pudieran “comprar años” con un sistema de planes de pago muy accesible. Los aportes implicaban un pago; no se trataba de “jubilaciones gratuitas”. Entre 2003 y 2016, 1.796.439 mujeres pudieron ingresar al régimen previsional con este mecanismo, según datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Esta ley empezó a conocerse como la “jubilación de las amas de casa”, debido a que la mayoría de las personas beneficiadas fueron mujeres. Por ejemplo, del total de beneficios otorgados en mayo de 2010, un 78% correspondió a mujeres y el 22% restante a varones, según el Observatorio para la Seguridad Social.
Pero, atendiendo a las directivas del Fondo Monetario Internacional -que presiona para que se recorten las variables de la economía argentina- se pondría fin a la moratoria el próximo 23 de julio. Si el gobierno no decide prorrogar la medida, no habrá posibilidad de acceder a una jubilación sin los aportes correspondientes: esto afecta la vida de aquellas mujeres que trabajaron siempre en relación de dependencia, sin que sus patrones pagaran los aportes correspondientes, y a quienes trabajaron sin remuneración en sus hogares.
“La moratoria es la decisión política de reconocer a la jubilación como un derecho, es decir, reconocer al trabajo más allá de los aportes. Porque la persona que trabajó, independientemente de la regularidad o no, hizo un aporte a la sociedad con su trabajo. En ese sentido, es fundamental para las amas de casa y es un reconocimiento al empleo doméstico, porque, valga la redundancia, se les reconoce el trabajo para reproducir la fuerza de trabajo”, definió Eva Sacco, economista y miembro del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
La desigualdad de género es uno de los mayores problemas que continúa mostrando el sistema previsional argentino al día de hoy. Las mujeres realizan la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados, sin recibir remuneración ni los correspondientes aportes. Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares, el 62% de las inserciones laborales asociadas al cuidado están ocupadas por mujeres: la atención de la salud, la educación, el trabajo doméstico… Todas estas tareas son asignadas a las mujeres, de acuerdo al esquema de división sexual del trabajo que rige en nuestras sociedades patriarcales capitalistas.
La alternativa que ofrece el gobierno para las personas mayores de 65 años que nunca generaron aportes es inscribirse en la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo monto es menor al salario mínimo y corresponde sólo al 80% de la jubilación mínima (unos AR$ 9.222 / USD 190). Además, para acceder a esta prestación es necesario cumplimentar demasiados requisitos.
Ante esta alarmante situación, que vulnera y profundiza las desigualdades de género, las Mujeres Sindicalistas de la Corriente Federal de los Trabajadores (CFT-CGT) se expresaron en un comunicado cuyo título es “La Jubilación de Amas de Casa no se toca, defendamos nuestros derechos”. Exigen que “no se ponga fin a la política jubilatoria de inclusión de género más grande de la historia argentina” pues, sin esta moratoria, las mujeres “vuelven a quedar excluidas en lo económico y en lo simbólico al reconocimiento a nuestro trabajo no pago, al que somos empujadas por una política económica donde la timba financiera está por sobre las personas”. Un derecho más que pierde la Argentina.
Es fundamental garantizar políticas públicas que extiendan la protección social y reconozcan el trabajo doméstico y de cuidado, para poder así construir justicia económica con perspectiva de género.