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En la madrugada del 30 de diciembre de 2020 el Senado de la Nación Argentina aprobaba la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención.
Fueron casi doce horas de debate dentro del recinto y de vigilia en las calles y en las plazas, en donde, después de mucho tiempo sin encontrarnos debido a la pandemia, las mujeres salimos a la espera conjunta de la aprobación de una ley demandada durante años, que había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados en 2018, pero que no había alcanzado los votos suficientes en el Senado.
La Ley IVE es fruto de la histórica lucha colectiva de las organizaciones feministas, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito -nacida en los Encuentros de Mujeres y formada por organizaciones de todo el país-, de las acciones sostenidas y conjuntas de los feminismos y de las cientos de miles de mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binaries que salieron a las calles de todo el país portando y alzando los pañuelos de la Campaña, creando la imparable Marea Verde.
¿Qué dice la normativa?
La Ley N° 27.610 establece que las personas gestantes tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción voluntaria de su embarazo hasta la semana 14 inclusive del proceso de gestación, sin tener que explicar los motivos de su decisión. Además, tienen derecho a acceder a la interrupción legal de su embarazo si éste fuese resultado de una violación, o si estuviera en peligro la vida o la salud de quien gesta. Es decir que en todo el país se puede solicitar la interrupción del embarazo de manera gratuita en centros de salud públicos y, a su vez, las obras sociales deben cubrir los gastos en establecimientos privados. Los y las profesionales de salud pueden ejercer objeción de conciencia y no realizar la práctica, pero deben derivar de forma inmediata a otro/a profesional para que la persona embarazada pueda cumplir su derecho dentro de los diez días de la realización de la solicitud.
Además, la ley establece que todas las personas deben tener acceso a métodos anticonceptivos, información sobre anticoncepción y sobre interrupción voluntaria y legal del embarazo.
La lucha por el cumplimiento efectivo
En mayo, el Ministerio de Salud de la Nación lanzó el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo”, documento que recopila toda la información, procedimientos y criterios en el marco de la nueva ley. Esta herramienta está dirigida particularmente a los equipos y establecimientos de salud, y también se encuentran disponibles otros recursos para todas las personas que deseen obtener más información al respecto. El Ministerio de Salud de la Nación cuenta con una línea telefónica gratuita de salud sexual y reproductiva (0800 222 3444), que también se habilitó para hacer denuncias de incumplimiento de la Ley IVE/ILE. Desde el debate y sanción de la nueva normativa, esta línea se hizo más conocida y aumentaron notablemente las consultas. El último reporte del Ministerio de Salud indica que en el primer semestre de 2021 se recibieron más de 17.700 llamados, de los cuales más del 90% eran consultas referidas a interrupción voluntaria del embarazo.
Por otra parte, distintas organizaciones que trabajan sobre Derechos Humanos lanzaron la página web interrupciondelembarazo.org, que contiene información sistematizada, organizada y accesible sobre el derecho al aborto legal, métodos anticonceptivos y salud sexual en general. A su vez, esta página se está difundiendo por todo el país a través de la campaña “La Ley dice”, impulsada por periodistas y comunicadoras que relevaron falta de acceso a la información y desconocimiento sobre la Ley 27610.
La suma de los múltiples esfuerzos junto a las herramientas de difusión son de gran importancia, ya que, pese a que la normativa entró en vigencia en enero de 2021, todavía hay casos de criminalización de profesionales que garantizan el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y profesionales objetores de conciencia que no brindan la información necesaria en el tiempo estipulado por la ley. En septiembre, la Red de profesionales de la salud por el derecho a decidirdenunció que en Salta una profesional de la salud había sido detenida por garantizar el acceso a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), procediendo desde las leyes vigentes. Además, junto al Observatorio de Géneros y Políticas Públicas, esta Red de profesionales elaboró un informe en donde se visibilizan situaciones de violencia hacia personas que deciden interrumpir su embarazo.
Gracias a la campaña “La Ley dice”, en las últimas semanas en catorce provincias argentinas los espacios públicos comenzaron a poblarse de stickers con estas herramientas para acceder a información veraz y confiable sobre la interrupción del embarazo.
América Latina va a ser toda feminista
La sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del embarazo en Argentina y la expansión de la Marea Verde -el grupo inmenso de mujeres que se congregaron en todo el país para luchar por el aborto legal- resonó en otros países de la región. En los últimos meses las mujeres de México, Ecuador, Colombia y Chile volvieron a instalar el tema en las agendas públicas, mediáticas y políticas.
En toda Latinoamérica, continuamos luchando para garantizar la posibilidad de informarnos adecuadamente y de poder decidir libres y seguras sobre nuestros cuerpos.
Educación Sexual para decidir
Anticonceptivos para no abortar
Aborto legal para no morir
*Esta nota fue publicada en la edición #56 del Boletín Boca a Boca de la Articulación Feminista Marcosur.