Argentina: El acceso al agua, otro derecho humano por el que luchar

La muerte de Ramona Medina en Villa 31 es el peor ejemplo de la negligencia del gobierno de Buenos Aires y la desprotección absoluta en la viven quienes menos tienen.

Después de varias semanas de cierta estabilidad frente al avance del coronavirus en Argentina, los casos positivos comenzaron a multiplicarse en las villas de la ciudad de Buenos Aires. Profesionales de la salud y referentes de organizaciones señalan que, una vez más, la inacción del estado impidió controlar una situación crítica, que las organizaciones vienen denunciando hace más de un mes.

A fines de abril, mientras se iban confirmando casos en las villas y asentamientos más precarios de Buenos Aires, grandes sectores de la Villa 31 (ubicada en Retiro, una zona céntrica y muy codiciada de la ciudad), en la que viven más de 45.000 personas, durante 9 días no tuvieron acceso alguno al agua.

“Nos piden que nos higienicemos, que nos lavemos las manos, que tengamos mayor cuidado, que nos pongamos tapabocas, que no salgamos a la calle ¿Y con qué lo hacemos si no tenemos agua?” se preguntaba Ramona Medina, de 42 años, comunicadora y referente del área de salud de la Casa de las Mujeres y Disidencias de La Garganta Poderosa, una organización con presencia en villas y barrios de todo el país. Ramona trabajaba como gestora de trámites y traslados para personas con discapacidad, y además en su casa hacía comidas para solventar gastos de atención y medicamentos de una de sus dos hijas. Hace cuatro años esperaba la relocalización de su vivienda, en el marco del proyecto de urbanización impulsado por la gestión del Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. A los días de denunciar la emergencia sanitaria en su barrio, Ramona y toda su familia dieron positivo por coronavirus. El domingo 17 de mayo, luego de varios días de estar internada, Ramona murió en el Hospital Muñiz.

Pese al frenesí de los grandes medios y su tendencia al uso y descarte de historias, la muerte de Ramona resonó con fuerza en el país, pero las respuestas y el agua siguen sin aparecer. La relevancia que tomó el caso obligó a las autoridades del gobierno, encabezado por Rodríguez Larreta y Diego Santilli, a recibir a integrantes de La Garganta y amigas de Ramona, que venía exigiendo una reunión desde el 30 de abril, cuando la Villa 31 contaba recién 57 casos positivos. “Escucharon casi todo, no respondieron casi nada” indicaron desde la organización, e informaron que, entre otros puntos, exigieron la renuncia del Secretario de Integración Urbana y Social de la Villa 31, Diego Fernández, ya que según datos del Banco Mundial (que destinó 170 millones de dólares para integración urbana del barrio), en los últimos tres años, no hubo ni un solo avance en obras hídricas para la Villa 31 pese a contar con los recursos económicos para hacerlas. Por otra parte, el suministro de agua empezó a restablecerse de manera parcial, casi dos semanas después de la denuncia de Ramona, cuando representantes de Agua y Saneamientos Argentinos y el gobierno porteño se comprometieron a reactivar las obras dentro del barrio.

Al día de enviar este texto, la Villa 31 concentra el 34% de los contagios de coronavirus de la Ciudad de Buenos Aires, y junto a las villas de Flores suman el 53%. En estos barrios populares la falta de agua se suma al hacinamiento y a la total escasez de recursos, situaciones que no eran nueva para las y los vecinos y que la emergencia sanitaria no hace otra cosa que profundizar y agravar. Por más buenas intenciones, sostener el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio es imposible viviendo en condiciones de tanta fragilidad. Sumado a la falta de agua, los elementos de protección y limpieza escasean en espacios tan fundamentales para la subsistencia como lo son comedores y ollas populares, a los cuales también les están faltan alimentos. En la última conferencia de prensa que brindó el presidente Alberto Fernández se refirió al incremento de personas infectadas por coronavirus en los sectores populares planteando que "sabíamos que iban a aumentar la cantidad de casos en esos barrios", lo cual hace ineludible preguntarse porqué, si sabían, no se tomaron medidas antes y evidencia lo que ya sabíamos: el coronavirus no rompió el sistema, el coronavirus expuso un sistema roto.

Parque Esperanza: 2 años de desalojo, 500 años de desigualdad.

Las situaciones de abandono y la falta de acceso a servicios esenciales que permitan hacerle frente a la pandemia no se dan solo en capital. En la ciudad de Córdoba, la segunda ciudad más grande del país, las y los vecinos de Parque Esperanza dependen de una canilla para proveerse de agua potable para más de 40 familias. Esa única canilla, que la facilitaba un vecino, fue clausurada y el gobierno provincial no responde. No es la primera vez que las y los vecinos de Parque Esperanza son abandonados por las autoridades que deberían garantizar sus derechos. En la madrugada del 1° de junio de 2018, el Gobierno de Córdoba y la Policía ejecutaron un desalojo ilegal en el Barrio Parque Esperanza (ubicado en Juárez Celman, a 20 kilómetros de la ciudad de Córdoba capital) que dejó a más de 120 familias sin techo. Después de más de un año, lograron firmar un acuerdo mediante el cual el gobierno provincial se comprometió a entregarles lotes con agua y luz, y un aporte económico para que los vecinos avanzaran en la construcción de un módulo de material. Los lotes se entregaron en 2019 pero a casi dos años del violento desalojo, en Parque Esperanza las vecinas y vecinos están viviendo en casas que han construido con madera y nylon, y no tienen acceso a servicios de luz ni agua corriente, porque el Estado, una vez más, sigue sin cumplir lo que prometió. “Con este tema de la pandemia, hay que cuidar la higiene y necesitamos sí o sí tener agua. Mi hija y yo estamos con infección urinaria porque no se pueden higienizar los baños como se debe. Hemos pedido ayuda, algunos vecinos nos acercaron bidones de agua, pero no es suficiente. Ha habido un caso de coronavirus acá cerca y necesitamos respuesta” indicó Claudia, una de las vecinas que integra la organización Jóvenes al Frente, en entrevista con La Tinta, y agregó “Ahora que viene el invierno necesitamos poder construir nuestras casas de material. Además, acá al frente, tenemos dos basurales abiertos que es un medio de contaminación y contagio de enfermedades. Si hay que cuidarse de los virus, no se puede vivir en medio de la basura. El gobierno tiene venir a limpiar porque es otro medio de contaminación y hay muchas criaturas”. Organizaciones sociales se solidarizaron con las y los vecinos del barrio y enviaron alimentos y productos de limpieza, mientras que el gobierno envía camiones con agua, que dista mucho de ser una respuesta responsable y comprometida.

La pandemia pasará y dejará economías arrasadas y cientos de miles de muertos en el mundo. Es hora de que los gobiernos brinden respuestas efectivas que resuelvan los problemas estructurales que por décadas han empujado a los más vulnerables afuera de las políticas públicas, ampliado las desigualdades y dinamitado el acceso a derechos. Y en Argentina, así como en muchos países de la región, se deberán redoblar los esfuerzos y las acciones para garantizar el derecho al hábitat digno porque ahora, quizá más que nunca antes, es evidente e imperante así sea.